La actual Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (Decreto 67-2001) fue pionera en su momento, pero el panorama del crimen financiero cambió radicalmente en estos 25 años: criptoactivos, fintechs, esquemas transnacionales, beneficiarios finales opacos y nuevos métodos de ocultamiento patrimonial.
La propuesta amplía el catálogo de personas y empresas que deben reportar operaciones sospechosas a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), incluyendo:
Se crea o refuerza la obligación de declarar quién es el verdadero beneficiario final detrás de las personas jurídicas, una recomendación clave del GAFI para prevenir el uso de empresas fachada.
Se actualizan los tipos penales para incluir explícitamente el uso de criptoactivos para lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Se elevan las multas administrativas para sujetos obligados que incumplen sus deberes de reporte, y se ajustan las penas privativas de libertad.
Guatemala forma parte del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) y se somete periódicamente a evaluaciones mutuas. No actualizar la legislación pone al país en riesgo de ser incluido en listas de monitoreo internacional, lo cual tendría consecuencias graves:
La reforma, de aprobarse, impactará principalmente a:
El proyecto se encuentra en discusión en el Congreso. Se espera que durante 2026 avance hacia su aprobación. En GoLegal seguimos de cerca el proceso legislativo y podemos asesorarte sobre las implicaciones para tu negocio o profesión.